Autor: Levante-EMV
Fecha: 03/02/2010
El Ayuntamiento de Olocau ha pedido, en calidad de acusación particular, una pena de hasta 20 años de cárcel, otros tantos años de inhabilitación para ejercer cargo público y una sanción económica de unos 360.000 euros, para el ex Alcalde del municipio y actual portavoz del PSPV, José Agustí, por la presunta comisión de seis delitos relacionados con la construcción de ocho viviendas en unos terrenos que habían sido propiedad de él y de su mujer. El juez encargado del caso considera que hay indicios suficientes para procesar a Agustí y ha remitido el caso a la Audiencia Provincial de Valencia.
El pasado año, el juzgado número 5 de Llíria abrió diligencias previas contra Agustí tras una querella presentada por el consistorio, gobernado desde 2007 por la coalición PP-EU, por dos presuntos delitos contra la ordenación del territorio, uno de prevaricación, uno de negociación y actividad prohibida a autoridades y funcionarios públicos, uno de falsedad en documento público y otro de tráfico de influencias.
Tras la declaración del ex Alcalde y, como testigos, de su esposa, del secretario municipal o del anterior arquitecto municipal (también estaba citado el responsable de la empresa que hizo los chalés, Sarega, pero no se presentó), el pasado mes de noviembre el titular del juzgado número 5 estimó pertinentes las diligencias previas abiertas contra Agustí y valoró que debía abrir un auto de incoación de palo contra el imputado y su mujer. Con este auto se da por concluida la instrucción, se abre el procedimiento abreviado contra el imputado y se traslada a la acusación particular y a la Fiscalía para formular la acusación, lo cual ha sido aceptado por el Ayuntamiento.
Así pues, el juzgado considera que sí hay indicios de delito en la actuación de Agustí a partir de que el 7 de diciembre de 2005 su esposa pidiera una licencia de segregación para dos terrenos suyos y del propio Alcalde, ambos pendientes de parcelación y urbanización.
A la semana siguiente, el primer edil concedió la licencia por decreto de alcaldía y también decretó dar la licencia de obras a la empresa Sarega para construir allí ocho chalés. Y lo hizo a pesar del informe en contra del arquitecto municipal en el que el técnico advertía de que era ilegal edificar allí. Además, el arquitecto señalaba que la segregación y urbanización se pretendía hacer en dos unidades de ejecución diferentes, lo cual también sería ilegal.
Otro punto importante de la querella aceptado por el juez es que, según recoge, Agustí firmó dos decretos. Uno, en el que concedía la segregación a su esposa y que finalmente no incluyó en el libro de decretos; y otro en el mismo sentido pero firmado días después y que sí incluyó en este libro pero a nombre de otra persona a la que, al parecer, le vendió los terrenos posteriormente. Esta persona, un vecino de la Pobla que también declaró como testigo durante la vista previa, fue la que a su vez le vendió las parcelas a Sarega, que ya había pedido anteriormente la licencia de obras. Con toda esta operación -segregar y dar permiso para urbanizar por decreto unos terrenos en suelo rural de su propiedad que acaban siendo de la constructora a la que se le ha dado la licencia de obras-, el juez estima que Agustí y su esposa se procuraron unos ingresos extraordinarios de unos 180.000 euros. La sanción monetaria que pide el Ayuntamiento como parte acusadora es el doble de este beneficio.
Agustí declaró que su mujer vendió los terrenos meses antes de ordenar su segregación y urbanización pero a través de un documento privado que posteriormente oficializó ante un notario. También consideró "normal" conceder el mismo día la licencia de segregación y la de obras.
Fuente: Levante-EMV.
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