La Diputación debate el cierre del vertedero de Olocau ante el riesgo para la salud humana
Autor: El Mundo
Fecha: 28/02/2006
El pleno de la Diputación de Valencia debatirá hoy la clausura del vertedero de Olocau y el posible cese del gerente de la empresa pública Girsa, Gerardo Torres, tras la aparición de un informe judicial en el que se alerta del "grave riesgo" para la salud humana que supone las deficiencias en la instalación. El duro informe del Instituto de Medicina Legal al basurero es desvelado por El Mundo, ha provocado una moción de EU-L'Entesa que forzará a todos los grupos provinciales a pronunciarse sobre "los vertidos ilegales, tóxicos y peligrosos para la salud de las personas" detectados en Olocau.
El portavoz de EU-L'Entesa en la Diputación, Josep Bort, justificó ayer la moción por "las circunstancias que rodean al caso de vertidos tóxicos" en Olocau. Del mismo modo, Bort aclaró que su grupo exige el cese del gerente de Girsa, empresa pública gestora del vertedero, "por su actuación ineficaz y deficiente" así como "por el descontrol en el tipo de vertidos que se han efectuado y el incumplimiento de las directrices de la Conselleria de Territorio".
El texto de la propuesta de EU resalta que "la denegación de la Conselleria de Territorio de la autorización ambiental del vertedero viene a acumularse a las continuas irregularidades" del basurero de Olocau. Bort recuerda, además, que el primer informe pericial realizado en la zona por orden del juez que instruye el proceso abierto por las irregularidades del vertedero detectó en el mismo "componentes orgánicos que pueden provocar irritaciones en ojos y en la piel", así como "afectar al sistema respiratorio y nervioso". El diputado provincial ya reclamó en 2004 una "investigación exhaustiva" sobre la situación del vertedero que fue rechazada por el PP.
Con la moción de hoy, los diputados deberán volver a pronunciarse días después de que el propio presidente de la Diputación, Fernando Giner, pidiera un informe jurídico sobre la posibilidad de cerrar la instalación de Girsa. De forma paralela, el juez que instruye el caso ha remitido toda la documentación a la Fiscalía de Medio Ambiente, ante la posibilidad de que se haya producido un posible delito ecológico.
Fuente: El Mundo.
